El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Rubén Antonio Zuarth Esquinca, fijó una postura crítica y contundente ante la iniciativa del Ejecutivo Federal para expedir la nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales.
La propuesta representa “un retroceso histórico, un riesgo real para el campo mexicano y una amenaza directa a los derechos de productores y usuarios del agua”.
Zuarth Esquinca señaló que, pese a que la iniciativa presume garantizar el derecho humano al agua, el documento carece de mecanismos reales de financiamiento, deja vacíos legales, incrementa la discrecionalidad del Gobierno Federal y transgrede derechos adquiridos, tal como revelan los análisis técnicos elaborados por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
El presidente del PRI en Chiapas advirtió que la propuesta centraliza el control del agua en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), elimina la posibilidad de heredar o transferir concesiones, permite cancelar títulos sin declaratoria previa y castiga con severidad a productores que enfrenten irregularidades generadas por la propia falta de capacidad institucional
“Se trata —dijo— de una ley que concentra poder, elimina derechos y convierte al Gobierno en administrador absoluto del agua, decidiendo a quién se le otorga y a quién no”.
Zuarth enfatizó que el corazón del problema radica en que la reforma no reconoce el agua como un elemento vital para el campo, sino como un recurso bajo tutela gubernamental.
Los análisis señalan que los municipios recibirán más obligaciones sin presupuesto, que el saneamiento no está garantizado por falta de recursos en Salud, y que las normas que deberían proteger a los usuarios quedan sujetas a reglamentación futura, sin certeza jurídica. Esto —afirmó— abre la puerta a la “arbitrariedad, al condicionamiento político y a la vigilancia excesiva sobre el productor”.
El dirigente priista retomó el sentir del sector rural, que resume su preocupación en frases como “sin agua no hay cosecha”, “el agua es patrimonio del campo”, “la concesión no se toca”, afirmando que esos mensajes reflejan “la alarma legítima de miles de familias que viven de la tierra y que hoy ven amenazada su estabilidad, su herencia y su forma de vida”.
