«BOSQUES AZULES» EN AGONÍA

México pierde un promedio de 10 mil hectáreas de humedales cada año. Estos ecosistemas costeros son indispensables para contener la erosión de las playas y funcionan como los riñones del planeta. Sin embargo, están bajo amenaza constante por los intereses de industrias en la Península de Yucatán.

México pierde un promedio de 10 mil hectáreas de humedales cada año. Estos ecosistemas costeros son indispensables para contener la erosión de las playas y funcionan como los riñones del planeta. Sin embargo, se encuentran bajo amenaza constante por los intereses de diversas industrias en la Península de Yucatán, donde algunas comunidades ya se han opuesto a sus proyectos ante la ineficacia gubernamental para protegerlos.

CAMPECHE, Camp. (Proceso)- En las últimas cuatro décadas la Península de Yucatán perdió 90 mil 534 hectáreas de manglares, según el informe 2020 del Sistema de Monitoreo de los Manglares de México que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad presentó el 3 de agosto pasado. La península concentra 544 mil 169 de las 905 mil 86 hectáreas de manglar que le quedan al país.

Los manglares, llamados así por los árboles de mangle de esos litorales, ofrecen un hábitat para que cientos de especies terrestres y marinas se reproduzcan. Asimismo producen oxígeno, regulan el clima y captan hasta 10 veces más gases de efecto invernadero que un árbol terrestre. Por estas razones también se les conoce como “bosques azules”.

Entre otros invaluables servicios medioambientales y económicos que prestan, también protegen las zonas costeras de huracanes, tsunamis, inundaciones y erosión, además de filtrar el agua que fluye de la tierra al mar. Sin embargo, en las dos últimas décadas el planeta perdió 25% de manglares, es decir, alrededor de 5 millones de hectáreas, se destaca en el documento Estrategia de cambio climático desde las Áreas Naturales Protegidas: una convocatoria para la resiliencia de México 2015-2020, publicada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

México figura entre los 10 países con mayor deforestación, a una tasa promedio anual de 10 mil hectáreas. Aun así, en sus 17 estados con litoral, el territorio mexicano todavía preserva 6% de la cobertura de mangle mundial.

En 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) enlistó el mangle en la Norma Oficial Mexicana 059 como especie amenazada y su destrucción se tipificó como delito federal; según pondera en el sitio oficial de internet que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) diseñó para vigilarlos un operativo nacional en el que participan diversas instituciones. La acción oficial no bastó para contener la destrucción, pues los manglares siguen agonizando.

Desde la década de los setenta, el asentamiento de la industria petrolera en el municipio de Carmen, sur de Campeche, y el desarrollo turístico en Quintana Roo aceleraron la destrucción de este ecosistema. Enormes superficies de manglar fueron sustituidas por infraestructura de todo tipo: urbana, habitacional, industrial, portuaria, turística, acuícola y carretera. Pese a la devastación, ambos estados resguardan la mayor superficie de manglares en México: alrededor de 447 mil 287 hectáreas.

Desde entonces México forma parte de los acuerdos internacionales para la protección de humedales y manglares, como la Convención Ramsar, que incluye a 71.8% de estos ecosistemas en zonas protegidas. Sin embargo, debido a las actividades de las industrias mencionadas, cada año se pierden fracciones enormes de estos humedales que interconectan la tierra y el mar.

Ecocidio en Tajamar

“Empresarios depredadores en concierto con funcionarios corruptos, valiéndoles incurrir en delitos ambientales, siguen arrasando manglares con total impunidad”, acusa el abogado ambientalista Gerardo Solís Barreto, quien en 2015 participó en una movilización ciudadana que frenó el ecocidio del manglar del malecón de Tajamar, Cancún, sobre el que se construirían hoteles y condominios, impulsado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dueño y fraccionador de esos lotes.

El plan preveía construir casi medio centenar de desarrollos inmobiliarios y hoteles que involucraban inversiones privadas hasta por 900 millones de dólares sobre 70 hectáreas de manglares. En el intento, “muchos animales, como cocodrilos, fueron mutilados, aplastados o sepultados vivos por las maquinarias que metieron para los trabajos de deforestación y relleno del humedal”, recuerda Solís.

Además de la lluvia de amparos promovidos por organizaciones ambientalistas, ciudadanos e incluso niños para detener por la vía judicial esa destrucción del ecosistema, Solís Barreto presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja colectiva por violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

En respuesta, el 5 de diciembre de 2017, año y medio después, la CNDH giró la recomendación 67/2017, dirigida a los entonces titulares de Semarnat, Profepa y Fonatur, Rafael Pacchiano Alamán, Guillermo Haro Bélchez y Miguel Alejandro Alonso Reyes, respectivamente, así como al alcalde de Benito Juárez, Cancún, Remberto Estrada Barba, quien ocupó el cargo en el periodo 2016-2018, postulado por el Partido Verde.

En el extenso documento, la CNDH, entonces presidida por Luis Raúl González, les ordenaba diseñar un programa integral de conservación y restauración ecológica para el área ocupada por el proyecto Tajamar, además de presentar informes trimestrales de los avances, revisar y adecuar normas para garantizar la protección de especies, e iniciar procesos sancionadores contra los servidores públicos implicados en este caso, entre otras disposiciones.

Además, por su cuenta, la CNDH interpuso una denuncia penal ante la extinta Procuraduría General de la República contra tres funcionarios, cuyos nombres no reveló, por su responsabilidad en esos delitos ambientales. Nada sucedió. “No cumplieron”, acusa Solís. No obstante, las ramas de los manglares comenzaron a encontrar nuevos caminos para crecer y el sitio comenzó a regenerarse por sí solo.

Pemex, depredador ecológico

Expertos consultados por Proceso señalan que no es la industria turística, sino la petrolera, la mayor responsable de la pérdida de los manglares en la costa de Campeche.

Lourdes Rodríguez Vadillo, fundadora de la organización ambientalista Marea Azul, que a finales del siglo pasado impulsó el reconocimiento de Laguna de Términos –la unidad ecológica costera más importante de Mesoamérica– como sitio Ramsar, así como su declaratoria como Área Natural Protegida de Flora y Fauna, destaca la presencia de Pemex como un factor importante en perjuicio de los bosques de mangle.

Explica que, además de las enormes cantidades de emisiones tóxicas que genera Pemex con la quema ininterrumpida de gas en sus mecheros de las plataformas marinas en la Sonda de Campeche y los derrames de crudo que llegan a la costa, en tierra muchos de sus ductos que atraviesan los manglares presentan fugas de hidrocarburo.

“Pemex tiene programas para mitigación de impacto y restauración ambiental, pero debido a la corrupción que hubo, ni mitigó ni restauró sus daños”, reprocha Rodríguez. Señala que la petrolera tampoco es el único problema: “Existe también la tala hormiga, la gente que tiene mangle en su propiedad y piensa que lo puede quemar, talar y pedir el cambio de uso de suelo, como es el caso de fraccionamientos y ranchos, para sembrar pastura para el ganado, tema que provoca fuertes inundaciones.”

Claudia Agraz Hernández, investigadora del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), resalta que el Área Natural Protegida Laguna de Términos, que abarca los municipios de Carmen, Palizada y Champotón, perdió más de 12% de las 143 mil 045 hectáreas que tenía en 2002, y en 15 años de esfuerzos de recuperación apenas se recuperaron 111.

No obstante, Rodríguez resalta que en Campeche –con 40% de su superficie bajo algún estatus de protección– la Profepa sólo tiene tres inspectores forestales. El mismo reclamo expresa Solís Barreto, quien asegura que en Quintana Roo únicamente hay cuatro.

Proteger el manglar

Casi octogenario, Bernabé Pastrana Cupul, pescador ribereño que durante siete décadas ha explorado Los Petenes –las últimas dos como guía de investigadores–, afirma que la destrucción de manglares comenzó desde la llegada de los primeros españoles, que además de sobreexplotar recursos, como la madera, abrieron canales para facilitar el saqueo hacia el mar.

Desde niño Pastrana se internaba en Los Petenes con su padre para talar mangle, que vendían en casas, panificadoras y alambiques, porque aún no había energía eléctrica ni gas en el estado. Joven ya, se convirtió en “lagartero”: cazaba cocodrilos moreletii, especie hoy amenazada, para vender su piel a peleteros y zapateros. Desde hace dos décadas, junto con su hijo Eduardo, se consagró a proteger los manglares.

En 2011 Pastrana Capul recibió el Premio Nacional de Conservación por sus esfuerzos para restaurar el manglar, acción para la que carece de apoyos. “Metimos proyectos para conseguir financiamiento y reforestar el manglar y vigilar el campamento tortuguero en Los Petenes, pero los rechazaron”, dice resignado Eduardo. Explica que con lo que ganan en la pesca costean la gasolina de la lancha para trasladarse al lugar o invitan a estudiantes para ayudar con las faenas y el combustible.

Claudia Agraz, coordinadora del proyecto de restauración de manglares en la zona de Isla de Jaina, en Los Petenes, y antes en Laguna de Términos, destaca que los cambios de uso de suelo y agua para asentamientos humanos, puertos, carreteras, hoteles, agricultura, ganadería, acuacultura, así como otras actividades, como extracción de petróleo, arena y materiales pétreos, además de aguas residuales, pesticidas y basura, son letales para los manglares.

Asimismo, explica, su afectación se deriva de actividades que suceden lejos de las costas, en la cuenca alta o en la selva profunda: la deforestación provoca que el agua que baja a la costa llegue a los manglares en mayor volumen y con más sedimentos, que los azolvan; en tanto que las represas disminuyen el agua que naturalmente debería llegar a la costa, lo que aumenta la salinidad en los manglares. Luego, también afectan las plantas hidroeléctricas, pues el agua que liberan tiene otra composición.

De acuerdo con Agraz, en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, que abarca los municipios mayas de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, así como el de Campeche, se recuperaron 3 mil hectáreas en siete años, pero todavía quedan 9 mil hectáreas pendientes, y “restaurar una hectárea cuesta entre mil 400 y 216 mil dólares”, resalta.

En los últimos cinco años, en Campeche se otorgaron apoyos por un total de 94 millones 59 mil 220 pesos a instituciones, como la UAC, y a ejidos, para reforestar 3 mil 869 hectáreas, así como 50 millones 813 mil 942 pesos para conservación de 25 mil 630 hectáreas de humedales, informa por su parte Alberto Escamilla Nava, delegado de la Comisión Nacional Forestal.

Rodríguez Vadillo destaca que se están haciendo cosas importantes en materia de restauración, pero todavia son insuficientes para asegurar la preservación de los manglares. Señala que, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que impulsa el gobierno federal para reforestar el país, no abarca estas áreas bióticas.

“Necesitamos estar sentados todos en la mesa: quien aplica las leyes, quien hace la difusión, quien hace la vigilancia, el ciudadano que participa con responsabilidad, y advertir a los notarios que dejen de escriturar bosques de manglares, porque son bienes nacionales”, recomienda Rodríguez. Y enfatiza: “Se tiene que hacer una gran cruzada por los manglares para que realmente se visibilice la importancia de su conservación; de lo contrario, los seguiremos perdiendo.”

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2348 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 31 de octubre de 2021.

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Redacción Debate Chiapas

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