Por: Patricio Banda Orozco
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del Poder Judicial de México, Hugo Aguilar Ortiz, recientemente electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por votación popular, ha declarado que no usará la toga judicial, símbolo tradicional del cargo, por respeto a su identidad indígena y en obediencia a la voluntad de los pueblos originarios que lo respaldaron.
La decisión ha encendido un profundo debate político, jurídico y simbólico en los círculos más altos del poder en México. Aguilar Ortiz, originario de una comunidad otomí, justificó su postura en términos culturales y éticos:
“Usar la toga sería renunciar a lo que soy, a lo que represento. Sería disfrazarme de un sistema que históricamente ha ignorado, oprimido y despreciado a los pueblos originarios. Sería convertirme en un miembro más del ‘Cártel de la Toga’”, declaró en su primer mensaje público tras asumir el cargo.
La frase no pasó desapercibida. “Cártel de la Toga” ha sido un término usado en medios como Polemon y Los Reporteros MX, desde al menos el año 2023, para denunciar presuntos actos de corrupción, sobreprecios en la compra de togas judiciales, y los privilegios que gozan algunos miembros del Poder Judicial. En efecto, reportajes investigativos revelaron contratos multimillonarios por vestimenta ceremonial, cuyos costos eran hasta 600% más altos que su valor real en el mercado. Esta revelación marcó, para muchos sectores sociales, el inicio de la caída del prestigio de la cúpula judicial.
La llegada de Aguilar Ortiz a la presidencia de la Corte por voto popular, y no por designación interna como era tradición, responde a una reforma histórica impulsada en 2024, que buscó abrir las puertas del máximo tribunal a la ciudadanía y a nuevas voces que representen a sectores tradicionalmente excluidos.
En contraste con este nuevo enfoque, los sectores más conservadores del poder judicial han reaccionado con molestia y alarma. Algunos ministros retirados y activos, desde el anonimato, han tachado la postura del nuevo presidente como “antijurídica”, alegando que existe un decreto presidencial de más de 80 años de antigüedad que obliga al uso de la toga en actos solemnes y sesiones públicas.
Sin embargo, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó abiertamente a Aguilar Ortiz y prometió que su gobierno revisará el marco legal para garantizar su derecho a ejercer libremente el cargo sin traicionar su identidad cultural.
“No se puede obligar a nadie a usar símbolos que han sido usados para oprimir, ni mucho menos a un representante legítimo del pueblo. El presidente de la Corte tiene el derecho constitucional y humano de ejercer sin ataduras simbólicas a un pasado de corrupción”, aseguró la mandataria en conferencia matutina.
En redes sociales, la postura de Aguilar Ortiz ha generado una avalancha de reacciones. Mientras que colectivos indígenas y movimientos sociales celebran el gesto como un acto de dignidad histórica, otros sectores del ámbito jurídico han mostrado su inquietud por lo que consideran “rupturas innecesarias con el protocolo”.
Pero más allá del debate estético y simbólico, la decisión de Aguilar Ortiz abre una conversación profunda sobre el rol del Poder Judicial en la transformación democrática del país. Su presencia en la SCJN —sin toga, sin linaje elitista, sin padrinazgos— representa para muchos la posibilidad de una justicia realmente popular, sensible y plural.
No será un camino fácil. Los pasillos de la Corte están impregnados de formalismos, códigos no escritos y tradiciones que por décadas mantuvieron el poder judicial alejado de la vida cotidiana del país. Pero para Aguilar Ortiz, esa es precisamente la esencia de su lucha:
“La justicia no puede seguir usando el disfraz de la impunidad. Hoy, en esta Corte, entraremos con la indumentaria solemne de un Pueblo que manda, llegamos para hacer la diferencia”, concluyó ante los medios de comunicación.
