La oposición sigue desesperada, el TEPJF ratifica elección presidencial
En un reciente fallo, el Tribunal Electoral ratificó la validez de la elección presidencial tras analizar los recursos presentados por la oposición, que alegaban irregularidades y manipulación. La Sala Superior desestimó las impugnaciones por considerar que las pruebas y argumentos eran insuficientes para cuestionar la legitimidad de la elección. Este fallo, que se produce en un contexto de intensas disputas políticas, reafirma la decisión de más de 60 millones de ciudadanos que participaron en el proceso electoral. A continuación, se detalla el análisis y las opiniones de los magistrados involucrados en el caso.
El Tribunal Electoral ratificó la validez de la elección presidencial al desestimar los recursos presentados por la oposición, que buscaban anularla alegando intervención del presidente, presiones del crimen organizado y mal uso de fondos públicos de la Secretaría del Bienestar. El tribunal concluyó que las alegaciones, argumentos y pruebas presentadas eran insuficientes, defectuosas y carecían de sustento.
Por mayoría de votos, la Sala Superior determinó que las impugnaciones de la oposición tenían múltiples fallas, empezando por el hecho de que sus pruebas consistían en simples enlaces que no demostraron que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador influyera en los resultados, ni que las mañaneras coaccionaran el voto. Además, no se comprobó que la violencia fuera generalizada y que afectara exclusivamente a la oposición o beneficiara a Morena.
La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón discreparon, con Rodríguez Mondragón calificando el proyecto como un «intento vano de ocultar una situación claramente evidente» y basándose en «falacias lógico-jurídicas», que buscaban evitar las violaciones a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, considerando que el proyecto no cumplía con los más altos estándares de justicia imparcial.
Por su parte, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes, encargados del proyecto, expusieron las deficiencias de las impugnaciones y argumentaron que no era legal ni jurídicamente viable anular la voluntad de los más de 60 millones de votantes. Además, respondieron a Rodríguez Mondragón señalando que la Sala Superior no está obligada a mejorar los juicios presentados ni a defender a los impugnantes.
El magistrado Felipe destacó que no se presentó evidencia electrónica que demostrara que las mañaneras hubieran sido decisivas en el resultado electoral y recordó que los votantes son adultos capaces de tomar decisiones.
