Recomiendan sancionar en EU a empresas que no cumplan ley laboral en México

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  • La reforma laboral de 2019 podría fallar en extinguir los contratos de protección, con los que empresarios y pseudolíderes apoyados por el gobierno mexicano han violado los derechos laborales de millones de trabajadores, deteriorado sus salarios y extendido sus jornadas de trabajo, señala un reporte de expertos designados por el Congreso de EU para vigilar el cumplimiento del T-MEC.

Redacción AN / ZR. – Los empleadores en México deben responsabilizarse por las violaciones a los derechos de los trabajadores que cometen a través de los contratos de protección, recomendó la Junta Independiente de Expertos Laborales para México (IMLEB).

La Junta planteó asimismo que Estados Unidos pueda incidir sobre este problema, ya sea a través de la legislación que regula el comercio o la de prácticas corruptas en el extranjero, o mediante ambas.

La anterior es solo una de una amplia lista de recomendaciones emitida por la Junta el pasado 15 de diciembre, como parte de un Informe Preliminar para poner fin a los contratos de protección en México, un flagelo que ha deteriorado los salarios, alargado las jornadas laborales y ha dejado a millones de trabajadores a merced de alianzas de facto entre patrones y pseudolíderes.

“La Junta ha identificado una serie de preocupaciones serias con proceso de aplicación de la ley laboral que creemos debe abordarse con prontitud”, indica el documento elaborado por el grupo de expertos, integrado por 12 miembros designados por los líderes del Congreso de Estados Unidos y el Comité de Asesoría Laboral.

Los contratos de protección en México se basan en pagos que hacen las empresas a líderes sindicales, los cuales no están sujetos a informes ni a divulgación de condiciones, como sería en Estados Unidos de acuerdo con la ley, expone la junta, que tiene la misión de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral mexicana de 2019 y el cumplimiento de las obligaciones del país contempladas en el T-MEC.

“Mientras permanezcan esos arreglos (entre empresarios y sindicatos), la democratización de las relaciones laborales en México será difícil, si no es que imposible”, afirma el grupo de expertos, cuya creación se fundamenta en la Sección 731 de la Ley de Implementación del acuerdo comercial.

El resultado es que millones de trabajadores mexicanos trabajan jornadas extremadamente largas, las más prolongadas entre los países de la OCDE, y reciben salarios muy bajos, el menor promedio de la Organización, a menudo en condiciones de trabajo peligrosas y sin medios efectivos para reivindicar sus derechos en el trabajo, agrega el informe presentado al Comité de Interagencia Laboral (ILC, por sus siglas en inglés) y al Congreso de Estados Unidos.

Puntualiza que los contratos de protección se han combinado con las políticas de los gobiernos anteriores de mantener bajos los salarios, resultando en la falta de convergencia con los salarios estadounidenses en sectores como la manufactura.

“Si bien se desconoce el número exacto de contratos de protección, funcionarios laborales mexicanos han estimado que al menos 75% de los convenios colectivos actuales (CBA) son contratos de protección”, indica el informe.

Los contratos de protección son simulaciones de convenios colectivos que firman empresas y líderes sindicales que son dominados por los empleadores, sin la participación o incluso el desconocimiento de los trabajadores que el sindicato dice representar.

El objetivo es evitar que el empleador tenga que negociar con un sindicato independiente y democrático, que podría demandar mejores condiciones laborales.

“De hecho, la mayoría de los contratos de protección dan a los empleadores una amplia discreción para fijar los salarios, horas de trabajo y otras condiciones”, apunta el informe.

La junta documenta que en México hay 35 millones de trabajadores, de los cuales solo 23 millones son trabajadores formales y, de ellos, únicamente 4.4 millones están sindicalizados y apenas la mitad de éstos laboran en el sector privado, según datos de 2018, los últimos reportados.

Y describe con detalle la mecánica de los contratos de protección, que han funcionado por décadas en el país gracias a la colaboración de las oficinas de gobierno, así como las dificultades para su desmantelamiento, aun con la reforma laboral de 2019 aprobada ya por este gobierno.

“Una vez que se registra un contrato de protección, se vuelve casi imposible para que los trabajadores formen un sindicato auténtico en el lugar de trabajo y negocien y firmen un acuerdo de negociación colectiva”, destacan los expertos designados por el Congreso estadounidense.

Los trabajadores a menudo no saben que un sindicato “los representa”, pero lo más delicado es que en la mayoría de los casos no pueden obtener una copia del convenio colectivo que rige en su lugar de trabajo, y si la consiguen y les sirve para cuestionar al sindicato de protección mediante la formación o afiliación a un sindicato independiente y presentando una demanda de negociación colectiva o emplazamiento, el empleador responderá que no puede negociar con el sindicato independiente, porque ya existe un acuerdo de negociación con el sindicato de protección.

La opción entonces para el sindicato independiente es presentar una demanda contra el sindicato controlado por la empresa para disputarle la titularidad del acuerdo de la negociación colectiva, que se resuelve mediante una elección supervisada por el Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA).

“En la práctica, cuando los trabajadores intentan deshacerse de un sindicato dominado por el empleador a través de un recuento, éste, el sindicato dominado por él y el gobierno a menudo se han confabulado para intimidar a los trabajadores mediante retrasos, amenazas y violencia física y despido. En su totalidad, el sistema de contrato de protección permite a los empleadores utilizar la protección de los líderes sindicales para suprimir los derechos de sus empleados”, expone el grupo de expertos.

Antes de la reforma de la legislación laboral de 2019, ni siquiera existía el requisito de que los trabajadores recibieran una copia de su acuerdo de negociación, así que se enteraban cuando revisaban en los recibos de pago de su sueldo que se les había descontado la cuota sindical.

Solo en los casos en los que su centro de trabajo está bajo la jurisdicción de las Juntas de Conciliación Federales o de la Ciudad de México podrían obtener una copia del convenio colectivo a través de internet, pues son los únicos centros jurisdiccionales que los ponen disponibles.

Pero también se da el caso de que los empleadores no deduzcan las cuotas sindicales de los cheques de pago de los trabajadores, sino que simplemente hagan un pago directo al sindicato de protección (o a su líder), lo que imposibilita que los trabajadores sepan que tienen “representantes”.

“En muchos lugares de trabajo solicitar una copia del contrato es una forma clara de identificarse como alborotador”, señala el informe.

La reforma laboral de 2019 establece que todos los empleadores deben proporcionar a sus trabajadores copias del convenio colectivo de trabajo de conformidad con el Protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes, pero este mandato no se implementará en su totalidad hasta el 1 de noviembre de 2023.

A nivel estatal y federal, las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) tripartitas registran contratos, incluidos los de protección y conflictos laborales, y en muchos casos, los líderes de sindicatos controlados por las empresas que tienen los contratos de protección son también “representantes” de los trabajadores que sirven en estas JCA y, no pocas veces, también de los funcionarios, exponen los expertos laborales.

Añade que la colaboración entre empleadores, representantes gubernamentales y sindicatos controlados por empleadores frustra los esfuerzos de los trabajadores por organizar sindicatos independientes y negociar colectivamente, además de que estos líderes sindicales tienen el poder para despedir a los trabajadores disidentes en virtud de las “cláusulas de exclusión” incluidas en los convenios colectivos.

Los trabajadores y líderes sindicales independientes que desafían este sistema se han enfrentado repetidamente a la vigilancia, hostigamiento, amenazas, arresto, violencia física y asesinato, acusa el grupo de expertos, y cita el ejemplo del arresto de la dirigente sindical y abogada Susana Prieto Terrazas el 8 de junio de 2020 por el gobierno de Tamaulipas.

Prieto Terrazas apoyaba a trabajadores de las maquiladoras para romper con el control de la CTM y establecer sindicatos independientes, sobre los que pesaban acusaciones ​​de “incitación a disturbios, amenazas y coacción”.

Prieto fue puesta en libertad tras dos semanas en prisión, relatan, con la condición de que pagara multas, rompiera contacto con los sindicatos de Tamaulipas y permaneciera en Chihuahua, donde el gobierno estatal también presentó cargos penales contra ella, relacionándola con protestas de trabajadores de las maquiladoras.

“Si bien la Secretaria de Trabajo (Luisa María Alcalde) ha criticado estas acciones, el presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha dicho que debido a que el asunto es de jurisdicción estatal no puede abordarlo directamente”, narran los expertos.

Los contratos de protección fueron criticados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una grave violación del derecho a la libertad sindical que protege el Convenio 87 del organismo, por lo que su Comité de Libertad Sindical (CFA) emitió varios informes en el caso núm. 2694 que examinó el problema de los contratos de protección con gran detalle e instó a los interlocutores sociales a identificar las reformas necesarias en la ley y en la práctica.

Dichos contratos también fueron clave para los casos presentados en virtud del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, complementario de NAFTA.

Los huecos en la reforma laboral de 2019

Expone el informe de la Junta de expertos independientes que, tras la promulgación de la reforma, un alto número de sindicatos presentaron amparos impugnando la constitucionalidad de varias disposiciones de la ley, y que el pasado 25 de noviembre de 2020 la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó cuatro decisiones confirmando la constitucionalidad de una serie de artículos clave, y retuvo la sentencia sobre otro grupo de los artículos que han sido impugnados, en espera de una alegación de daño real.

“En ningún caso la Corte declara inconstitucional una disposición”, asientan los especialistas contratados por el Congreso de Estados Unidos.

La reforma laboral de 2019 pareciera asentarse sobre una base constitucional sólida, pero otras reformas recientes y decisiones pendientes de la Corte podrían amenazar el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, advierte la junta de expertos.

Refieren que, en una de las primeras elecciones de representación o recuentos celebradas bajo el nuevo derecho, la Corte Suprema revocó la decisión de un Tribunal Colegiado que encontró graves irregularidades y otorgó el control de un convenio colectivo a un conocido sindicato de protección.

Mientras que el Tribunal se pronunciará en breve sobre un caso en el que el empleador argumenta que puede poner fin a una huelga legal reemplazando el sindicato en huelga (y sus miembros) con un sindicato apoyado por él.

Ocultamiento de contratos colectivos

En la reforma de 2019 se establece que los empleadores deben entregar a los trabajadores una copia impresa de su convenio colectivo dentro de los 15 días posteriores a que sea depositado en el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero dado que éste no entró en funcionamiento sino hasta el 18 de noviembre de 2020, los nuevos contratos solo se depositarán a medida que se renegocien, lo que puede tardar hasta dos años.

Además, todos los convenios colectivos existentes deben estar sujetos a un voto de legitimación antes del 1 mayo de 2023, pero este procedimiento de legitimación requiere que el empleador proporcione a los trabajadores una copia del Convenio Colectivo Actual o CBA, y en estos dos pasos los opositores a la reforma han encontrado resquicios.

La nueva ley dispone que, preferiblemente, el texto completo de las versiones públicas de los acuerdos de negociación colectiva debe estar disponible de forma gratuita en el sitio de Internet del Registro Federal.

Pero en respuesta a una solicitud de información hecha por la Junta de expertos, funcionarios informaron que para seis de los estados en la primera fase de implementación de la reforma laboral (Campeche, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas), el escaneo de los convenios o contratos colectivos sería completado antes del 30 de noviembre de 2020 y catalogado antes del 31 de diciembre de 2020.

Si bien el artículo 371 de la ley establece requisitos detallados para el contenido de los estatutos sindicales, no existe el requisito de que los trabajadores reciban una copia de éstos, en tanto que el artículo 365 Bis exige que los textos de documentos de registro de sindicatos, incluidos estatutos, certificaciones (toma de nota), actas de asambleas y otros documentos que sean depositados en el Centro Federal se colocarán en su sitio web.

En tanto se instalan los centros, esta información se encuentra en el sitio web de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS; sin embargo, cuentan los expertos que sus intentos recientes para conocer estos archivos no han tenido éxito.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 1 de mayo de 2019 prevé un periodo de cuatro años para instalar el nuevo sistema de justicia y relaciones laborales, así como para implementar la aspectos estatutarios, institucionales y operativos, en línea con las obligaciones asumidas por México en el Anexo 23-A del T-MEC.

El cronograma de transición de la LFT exige que el Centro Federal debe comenzar sus funciones relativas al registro de sindicatos y contratos de negociación colectiva dentro de dos años, es decir, a más tardar el 1 de mayo de 2021, pero inició sus operaciones desde el 18 de noviembre pasado.

Tiene sede en la Ciudad de México y establecerá sucursales en todos los estados, y entre sus responsabilidades está la conciliación de los conflictos laborales de competencia federal.

En tanto completa sus operaciones en materia de libertad sindical y derecho a la negociación colectiva en mayo de 2021, la Ley asignó algunas de sus funciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), entre las que destaca el comienzo del proceso de legitimación de los convenios colectivos mediante el voto secreto de los trabajadores.

De acuerdo con la LFT y los compromisos de México bajo Anexo 23-A del T-MEC, todos los convenios colectivos existentes deben ser revisados ​​y votados por los trabajadores al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de las reformas laborales, es decir, para mayo de 2023.

La STPS tiene la instrucción de emitir un protocolo con los procedimientos para verificar el apoyo de los trabajadores a sus convenios colectivos, y lo hizo de forma oportuna el 31 de julio de 2019.

El protocolo establece que el sindicato que controla un acuerdo de negociación colectiva así sea fruto de un contrato de protección, puede legitimarlo mediante una votación que el propio sindicado decidirá cuándo hacer, siempre que avise con 10 días de antelación a la autoridad y solicite a la STPS o contrate a un notario para observar que la votación siguió los procedimientos estipulados, como por ejemplo que se llevó a cabo en un lugar accesible a los trabajadores y les permitió emitir votos “de manera personal, libre, secreta, directa, pacífica, ágil y segura, sin poder ser coaccionados de cualquier manera”.

El empleador debe proporcionar las instalaciones necesarias y dar a los trabajadores una copia impresa del convenio colectivo al menos tres días hábiles antes de la votación, y el sindicato debe publicar los resultados de la votación en el lugar de trabajo e informarlos a la STPS.

Si la mayoría de los trabajadores elegibles ratifican el convenio colectivo ya existente, la STPS certificará su legitimidad, excepto que vea irregularidades o inconsistencias en los datos que le proporcionaron, y si los trabajadores no lo ratifican el convenio se considerará terminado, en el entendido de que, en ese caso, la ley estipula que cualquier disposición que sea superior al mínimo legal debe ser mantenida por el empleador en beneficio de los trabajadores.

Las primeras votaciones de legitimización se realizaron a partir de septiembre de 2019, completándose unos 200 procesos de votación antes de la suspensión en marzo de 2020 por la pandemia, y luego se reanudó en los estados que no estaban en el nivel más alto de riesgo, señala el informe presentado al Comité de Interagencia Laboral del Congreso de Estados Unidos.

Al 10 de diciembre de 2020, se habían realizado 279 votaciones de legitimación y están previstas otras 170, de 27 mil 500 convenios colectivos registrados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y 532 mil 469 con los centros locales, para un total de 559 mil 969 convenios.

La STPS ha estimado que hasta 85% de los acuerdos pueden no ser legítimos y que solo 10 o 15% de los contratos existentes pasarán la prueba de legitimación, mientras que los contratos de protección simplemente desaparecerán a partir de mayo de 2023, la fecha límite para la votación.

En cualquier caso, al ritmo actual no alcanzaría legitimación de hasta 10% (56 mil) de los acuerdos existentes, apunta la junta de expertos.

Aunque el sitio web de STPS enumera los votos de legitimación con el nombre del sindicato y el empleador, no comparte los resultados de las votaciones, ni tiene enlaces a los convenios colectivos bajo consideración.

Algunos de los sindicatos enumeran su afiliación a una de las confederaciones laborales, la mayoría de los que lo hacen están afiliados a la CTM, seguida de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

La CTM ha animado a sus afiliadas a llevar a cabo las votaciones y organizó un taller nacional en noviembre pasado al que se invitó a hablar al director general del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no obstante que algunas de sus afiliadas presentaron una gran cantidad de recursos legales contra la reforma, alegando injerencia ilegal en los asuntos internos del sindicato, e incluso cuestionando el requisito de aprobación por parte de los trabajadores de los convenios colectivos existentes.

La junta de expertos dice que el actual proceso de legitimación de contratos tiene importantes debilidades, empezando por dejar en los sindicatos titulares de los convenios colectivos la responsabilidad de legitimarse a través de una votación que ellos mismos organizan, planteando un potencial conflicto de intereses.

“Ninguno de los votos celebrados hasta la fecha ha sido cuestionado. Puede ser que, en todas las votaciones realizadas hasta la fecha, el sindicato titular del contrato representa legítimamente a los trabajadores afiliados y los trabajadores han expresado libremente su apoyo al contrato. Sin embargo, existe una larga y bien documentada historia de colusión entre algunos sindicatos y empleadores y la falta de representación adecuada de los trabajadores involucrados”.

Cuestionan también que el voto para aprobar el contrato no tiene que ser supervisado por oficina gubernamental alguna y que el protocolo permita al sindicato titular elegir un notario para dar fe de la votación, lo que, según la STPS, ocurrirá en alrededor de 20% de todos los contratos.

“Los notarios serán compensados ​​por el sindicato titular, creando un conflicto de intereses. En México, el uso de notarios corruptos en los procesos laborales es una conocida práctica. A pesar de estas preocupaciones, el 8 de septiembre de 2020 el Centro Federal (de Conciliación y Registro Laboral) firmó un Memorando de Entendimiento conjunto con la STPS, el Colegio Nacional de Notarios Mexicanos (CNNM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para capacitar y fomentar la participación de los notarios en los procesos de legitimación de contratos colectivos”, destacan los expertos elegidos por el Congreso estadounidense.

Esta acción refuerza las preocupaciones y plantea la pregunta de por qué el PNUD, que a diferencia de la OIT no tiene experiencia en el campo de las relaciones laborales, fue elegida para esta tarea.

Resaltan también que el protocolo no estableció ningún mecanismo para que los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo soliciten la asistencia o intervención de las autoridades laborales en una votación de legitimación de contrato si se sienten sentirse inseguros respecto de la organización, son intimidados o tienen dudas o temores sobre el proceso.

El Protocolo también instruye a los observadores de la votación, ya sea un representante de la STPS o un notario, para investigar o verificar si los trabajadores han recibido información veraz sobre el voto y sus consecuencias.

“Según el sitio web de STPS, los observadores de STPS no pueden interferir en el procedimiento o solicitar al sindicato que dirige la elección realizar o abstenerse de realizar acciones o conductas específicas”, observa la junta.

Señala que en una respuesta parcial a estas críticas la STPS anunció el 8 de diciembre de 2020 que modificaría el protocolo para permitir a los trabajadores presentar impugnaciones a los votos de legitimación para una variedad de razones, creando al menos una vía teórica de recurso.

Sin embargo, el nuevo Protocolo no asigna funciones de cumplimiento significativas al gobierno, dejando a los trabajadores vulnerables para desafiar cualquier intimidación, fraude u otra mala conducta, destaca el informe.

El Protocolo emitido por STPS es transitorio en tanto entra en plena función Centro Federal, que es el órgano con la autoridad legal y responsabilidad de establecer su propio protocolo y procedimientos para la legitimación de contratos existentes en el momento en que sea plenamente operativo, no a más tardar en mayo de 2021.

Dado el potencial de conflicto de intereses bajo el arreglo transitorio, por el cual los propietarios de los convenios colectivos tienen el control total de organizar la votación que determina si continúan siendo propietarios de los acuerdos o no, el Centro Federal debe establecer un nuevo protocolo bajo el cual organiza y ejecuta las votaciones de legitimación, consideraron los expertos contratados por el Congreso de Estados Unidos.

Propone la junta que, previo a las ratificaciones de los convenios colectivos, el Centro Federal, apoyado por la STPS, la Fiscalía Federal para la Defensa de Laboral (PROFEDET) y la Fiscalía de Defensa del Trabajo del Estado y comunidades de académicos, sociedad civil y medios de comunicación podría brindar una amplia educación pública a los trabajadores sobre la naturaleza y el propósito del proceso de legitimación y la gama de condiciones existentes que son clave en los contratos de su sector, como salarios y prestaciones.

Y dejar muy claro que, si el contrato colectivo no es ratificado, hay opciones disponibles para los trabajadores, como que el sindicato titular podría ser enviado de regreso a la mesa de negociación para lograr mejoras o brindar la oportunidad para que otro sindicato busque el apoyo de los trabajadores.

“Sobre la base de esta preparación fundamental, los trabajadores estarían en condiciones de ejercer su voto con información completa y, por lo tanto, una auténtica libertad de asociación y negociación colectiva”, concluye el informe.

Estas son las recomendaciones que la junta de expertos hizo llegar al Congreso de Estados Unidos:

■ Los estatutos sindicales deben estipular que los funcionarios sean elegidos mediante voto personal, libre, secreto y directo. de los miembros y siguiendo la proporcionalidad de género. Estas disposiciones debían ser incluidos en todos los estatutos sindicales en un plazo de 240 días, pero los plazos se han ampliado debido a la pandemia

■ Las autoridades laborales pueden verificar los resultados de las elecciones sindicales con base en una solicitud del liderazgo sindical o 30% de los trabajadores.

■ Los estatutos sindicales deben estipular la divulgación de informes financieros a los miembros, por escrito, cada seis meses.

■ Los empleadores deben dar a todos los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo una copia impresa de ese acuerdo.

■ Todos los acuerdos de negociación colectiva y los estatutos sindicales deben estar disponibles en línea.

■ Todos los convenios colectivos iniciales y todos los convenios colectivos existentes que sean renegociados deberán ser ratificados mediante voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos.

■ Todos los convenios colectivos existentes deben someterse a una consulta personal, libre y secreta antes del 1 de mayo de 2023.

■ Cuando un sindicato busca representar a los trabajadores por primera vez, debe demostrar su apoyo al menos el 30% de los trabajadores para negociar un convenio colectivo.

■ Establecer nuevos procedimientos cuando un sindicato desafía a otro por el control de la titularidad de un contrato colectivo.


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Redacción Debate Chiapas

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