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Rubén Zuarth pide proteger a familias que reciben remesas ante posible impuesto en EE.UU.

En sesión del Congreso de la Unión, el diputado Rubén Antonio Zuarth Esquinca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio lectura a una iniciativa que busca exhortar a las y los Diputados Federales, para que reformen y adicionen el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remesas internacionales, con el objetivo de proteger los ingresos de millones de familias mexicanas ante la posible imposición de un impuesto a las remesas en Estados Unidos.

Durante su intervención, el legislador destacó que más de 11 millones de hogares mexicanos dependen parcial o totalmente de las remesas, y que en 2023 México recibió más de 63 mil millones de dólares por este concepto, superando incluso ingresos por exportaciones petroleras y por inversión extranjera directa.

Zuarth Esquinca advirtió que una reciente propuesta en el Congreso estadounidense pretende gravar con un 3.5% las remesas enviadas al extranjero, lo que representaría una pérdida acumulada de más de 2 mil 200 millones de dólares anuales para las familias mexicanas. Esta medida, dijo, representa un doble castigo: al migrante que ya tributa en su país de residencia y a la familia que depende de ese ingreso para sobrevivir.

La iniciativa propone reconocer en la Constitución el derecho de las familias receptoras de remesas a recibir un apoyo económico compensatorio por parte del Estado mexicano, en caso de que decisiones fiscales externas disminuyan el monto de los envíos. Este mecanismo no sería un subsidio, sino un acto de justicia y resarcimiento ante afectaciones externas, señaló.

Asimismo, se plantea que dicho apoyo se canalice a través de programas focalizados, con padrones transparentes, reglas claras y recursos etiquetados, garantizando así la protección del poder adquisitivo de las familias ante fluctuaciones económicas internacionales.

El legislador priista enfatizó que esta propuesta representa una respuesta institucional y constitucional ante una amenaza concreta que pone en riesgo el bienestar de millones de familias mexicanas. “La lealtad de quienes, desde el extranjero, siguen apoyando a sus familias en México, debe ser correspondida con acciones firmes del Estado”, puntualizó.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

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