Siete ministros de la SCJN rechazan anular la prisión preventiva oficiosa
Tras dos días de debate, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron en contra de invalidar la prisión preventiva de oficia prevista en la Constitución.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó invalidar la prisión preventiva de oficio prevista en la Constitución, como propuso el ministro Luis María Aguilar Morales.
Durante el segundo día de debate del tema, 7 ministros se pronunciaron contra inaplicar la Carta Magna al considerar, algunos, que la Corte no tiene facultades para ejercer un mandato de este tipo y, otros, que el Artículo 19 constitucional, que prevé la prisión preventiva de oficio, no fue sometido al análisis del Máximo Tribunal y, por lo tanto, no tenían por qué pronunciarse al respecto.
Pese a ello, el proyecto de Aguilar Morales sumó, además del voto del ponente, 3 votos a favor.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la prisión preventiva de oficio es irreconciliable con los derechos humanos.
“La prisión preventiva de oficio es irreconciliable con los derechos humanos que nuestra propia constitución obliga a proteger, por tanto, coincido en que se debe dejar de aplicar”, dijo.
Aunque el ministro Javier Laynez se inclinó por declarar que sí existe la posibilidad de que la Corte interprete la Constitución, votó en contra de la propuesta de inaplicar la Carta Magna porque consideró el proyecto no incluye un estudio de por qué la SCJN puede hacerlo, sin embargo, se pronunció por invalidar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
Ayer, en el primer día de debate, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra de todo el proyecto del ministro Aguilar Morales.
Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá se inclinaron en contra de dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, pero a favor de declarar inconstitucional la inclusión de los delitos fiscales en el catálogo de delitos que merecen esta medida provisional.
