SOBRE CUAUHTÉMOC BLANCO DENUNCIAS DE LAVADO Y RUMORES DE SU SALIDA

La actual denuncia, presentada por el abogado Enrique Paredes Sotelo, exhibe una serie de fichas de depósito y transferencias bancarias en los que aparecen movimientos que superan los 500 millones de pesos durante los años en los que fue presidente municipal.

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx) .-  En medio del incremento de los rumores respecto a su pronta salida del gobierno de Morelos, el mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo fue objeto de una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, por triangulaciones financieras millonarias entre cuentas de familiares, funcionarios y amigos, lo que podría implicar, además de desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En 2020 se supo de una denuncia similar en la UIF y la FGR.

La actual denuncia, presentada por el abogado Enrique Paredes Sotelo, exhibe una serie de fichas de depósito y transferencias bancarias en los que aparecen movimientos que superan los 500 millones de pesos durante los años en los que fue presidente municipal y en lo que va de su periodo de gobierno estatal. A estos movimientos aparecen ligados además del propio exfutbolista, su medio hermano Ulises Molina Bravo, su esposa la exmodelo brasileña Natalia Rezende Moreira, su primo y actual secretario particular Edgar Riou Pérez, así como Jaime Tamayo Godínez, quien ha sido se testaferro en distintos negocios a lo largo de su trayectoria como futbolista.

La denuncia señala un esquema de movimientos irregulares basado en triangulación de transferencias y depósitos bancarios entre distintos personajes cercanos al mandatario. Lo sospechoso del esquema es que los montos financieros que se mueven no corresponden con los perfiles económicos de dichos personajes. Por ejemplo, su medio hermano, Ulises Bravo Molina, ha participado en las transferencias millonarias, aunque no ocupa un cargo en el gobierno estatal por estar impedido y no está claro cuál es el origen de sus ingresos, pues, aunque actualmente es líder del Partido Encuentro Solidario en Morelos, lo es desde finales de 2020 y los movimientos sospechosos en sus cuentas son de años anteriores.

Las distintas triangulaciones bancarias utilizan empresas que siguen el modelo de las “fantasma” o fachada, que sólo existen en el papel, pero que permiten hacer depósitos y retiros que parecen legales, pero que tienen por objeto ocultar la procedencia de los recursos. La denuncia identifica varias de estas empresas, tales como Comercializadora Saime, SA de CV, ligada a Ulises Bravo Molina; y, Calipso Comunicaciones y Sistemas, SA de CV, en la que aparece como representante legal Jaime Tamayo Godínez, quien ha sido apoderado legal de la marca comercial “Cuauteminha”, identificada con la jugada hecha famosa por el gobernador de Morelos en su paso por el club América.

Calipso Comunicaciones y Sistemas, según la denuncia, es dueña de las cuentas bancarias 60557555418, de Banco Santander, y 248009920, de Banorte. Según los elementos presentados en la querella, se establece que el 30 de enero de 2017, Jaime Tamayo Godínez recibió en el banco Santander diversos cheques provenientes de otra cuenta en el Banco Mercantil del Norte, con el número 642545624, a nombre del secretario particular y primo del gobernador, Edgar Riou Pérez. El funcionario público cercano a Cuauhtémoc Blanco deposita cheques de su cuenta particular a una cuenta a nombre del apoderado legal del gobernador de Morelos.

Pero no para ahí. Riou Pérez, desde esa misma cuenta 642545624, el 12 de febrero de 2016, emitió un cheque para depósito en la cuenta 6304969416, a nombre de Natalia Rezende Moreira, esposa del mandatario. Asimismo, se registraron movimientos de la cuenta de Riou Pérez a favor del medio hermano del gobernador. Desde la cuenta 642545624, por ejemplo, el 29 de septiembre de 2016, se hizo una transferencia a la cuenta 100350367 del banco Scotiabank a nombre de Ulises Bravo Molina. Así, no se sabe la procedencia de esos recursos y cómo puede manejarlos Riou Pérez, quien se desempeñó como funcionario municipal entre 2016-2018 y hoy es secretario particular del gobernador.

Por su lado, Tamayo Godínez realizó entre agosto de 2016 y octubre de 2018, fechas que coinciden con el pase de Cuauhtémoc Blanco por el ayuntamiento de Cuernavaca y de su llegada al Ejecutivo de Morelos, depósitos y transferencias de la cuenta 60557555418, del banco Santander, a los demás involucrados por un monto total sumado de $505,436,233.31 pesos. Estos recursos fueron movidos a distintas cuentas, algunas de las cuales están a nombre de los demás denunciados. De hecho, entre los depósitos se encuentra uno por $4,500,000.00 pesos a otra cuenta a su nombre, la 80002480099202, de Banorte.

La sospecha de que la Comercializadora Saime SA de CV, es una empresa fantasma proviene del hecho de que fue creada en 2016 y su domicilio fiscal está ubicado en una casa habitación, sin embargo, los montos que maneja son millonarios. Esta empresa ha hecho diversos depósitos desde la cuenta 012180001056548313 del BBVA, a la cuenta 044180001003503670 de Scotiabank, a nombre de Bravo Molina, a quien también se le acusa de realizar operaciones en efectivo en la cuenta 5565056655568187, del banco Santander, sucursal Coyoacán, en la Ciudad de México.

La denuncia de hechos fue presentada el pasado 13 de septiembre ante el Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, y quedó asentada con el número FECC/478/2021-09, por el abogado Enrique Paredes Sotelo. Paradójicamente, el denunciante fue quien en 2015 firmó la carta de residencia que le permitió a Cuauhtémoc Blanco Bravo competir por la alcaldía de Cuernavaca en los comicios de ese año. El exfutbolista requería ese documento para comprobar que cumplía con los años de residencia en la entidad y así poder competir.

El propio Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo el pasado 16 de septiembre que Paredes Sotelo se ha sumado “al grupito que maneja Graco Ramírez” y que según el mandatario “quiere desestabilizar mi gobierno, quieren dañar mi imagen”. Aseguró también que la denuncia retoma elementos de otra investigación denominada “Caso Primavera”, llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera y hecha pública en marzo de 2020: “me la quieren revivir”. Por ello, anunció que valora interponer una denuncia contra Paredes por “daño moral”.

La investigación de la UIF

En junio de 2020, se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Fiscalía General de la República (FGR), detectaron redes de lavado de dinero y cuentas millonarias en torno al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En esa investigación se mencionaron los mismos nombres que aparecen en la actual denuncia.

Según la información que se conoció en ese momento, Tamayo Godínez recibió en sus cuentas bancarias montos que suman 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019. Y luego realizó retiros por 548.5 millones de pesos -el 98 por ciento de lo recibido- en una mecánica de depósitos y envíos de dinero que llevó a que la UIF lo denunciara ante la FGR, por la presunción de desvío de recursos públicos y posible lavado de dinero.

De acuerdo con la denuncia de la UIF, los movimientos bancarios realizados por el apoderado de Cuauhtémoc Blanco Bravo, “parecieran denotar que sólo desarrolló transacciones financieras mediante el uso de una mecánica transaccional alejada del normal operar de cualquier persona, todo ello posiblemente ante el conocimiento de que estos tenían una procedencia ilícita relacionada con el lavado de activos».

La UIF también denunció ante la FGR al actual secretario particular Riou Pérez y al medio hermano del gobernador, Molina Bravo, pues, por ejemplo, el 12 de febrero de 2019, el primero depositó 200 mil pesos a la esposa del gobernador y el 29 de septiembre de 2019 retiró 160 mil pesos de un cheque a favor de Ulises Bravo. Estos movimientos fueron considerados sospechosos y por ello fueron consignados en la denuncia de la Unidad que encabeza Santiago Nieto.

Esta investigación fue dada a conocer públicamente, aunque no con todos sus elementos, en la conferencia del Presidente López Obrador, el 4 de marzo de 2020, cuando Santiago Nieto, dijo que se investigaba al jefe de la Oficina de la Gubernatura de una entidad, por desvíos millonarios a cuentas en el extranjero y posible enriquecimiento ilícito. El objetivo de esas acusaciones era José Manuel Sanz Rivera, por muchos años el brazo derecho de Cuauhtémoc Blanco y cuya relación se ha desgastado en los primeros tres años del sexenio.

El propio titular de la UIF acudió a Morelos el 19 de marzo de 2020 a firmar un convenio con el gobierno estatal y aprovechó para señalar directamente a Sanz de estar en medio de una investigación. No obstante, no dio todos los detalles, pues en la misma investigación se encuentra el propio secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, hijo del exlíder del PRI, Pedro Ojeda Paullada. Ahí mismo dijo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco no era objeto de investigación, aunque tres meses después se conocerían los datos de los desvíos millonarios en su primer círculo.

El 20 de junio de 2020, sin embargo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita por Morelos, hizo una críptica declaración en torno al caso, dando a entender que no había elementos en la UIF para seguir investigando, aunque dijo que correspondía a la FGR dar seguimiento a las denuncias. La declaración se interpretó como un carpetazo, aunque no queda claro el camino que ha seguido la FGR:

“Hubo acusaciones, investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, me lo informó Santiago (Nieto). Hay denuncias presentadas que corresponde a la FGR atender, pero no hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en manejo del dinero, acerca de funcionarios en el caso de Morelos”, dijo en su conferencia mañanera de ese viernes en la 24 Zona Militar ubicada en la entidad. La FGR no ha informado el estado que guardan esas denuncias, a la que ahora se suma, en el ámbito estatal, la presentada por Paredes Sotelo, que, según la información disponible, cuenta con los mismos elementos.

Son rumores

Las elecciones de junio pasado representaron para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco un duro golpe de realidad. La gente confirmó en las urnas lo que distintas encuestas reportan mes con mes: la administración del exfutbolista es la peor evaluada del país. En las urnas no ganó absolutamente nada. A pesar de contar con dos partidos políticos, uno con registro local y otro con registro nacional, apenas ganó dos alcaldías, una diputación plurinominal y perdió, a pesar de ir en alianza con Morena, la capital, que será gobernada por José Luis Urióstegui Salgado, un independiente que llegó bajo las siglas del PAN.

Los resultados obligaron a Blanco Bravo a trabajar. Durante los dos primeros años de su gobierno apenas reportó actividad pública en 100 de 365 días, en promedio. Sin embargo, después del 6 de junio, el exfutbolista ha reportado participación en uno o dos eventos diarios. Además, se ha reunido en cuatro ocasiones con el presidente López Obrador y se le ha visto muy activo en redes sociales. Sin embargo, al mismo tiempo comenzaron a brotar los rumores de que pasando el 1º de octubre dejará el cargo, a los que constantemente tiene que salir a desmentir ante la prensa: “Son rumores, son rumores”, repite.

Y es que este 1º de octubre se cumple la mitad del sexenio, plazo que establece la Constitución local como fecha para que, en su caso, el sustituto del gobernador que nombre el Congreso local termine el cargo y no obligue a ir a las urnas antes de tiempo.

Los críticos de Cuauhtémoc Blanco advierten que Morelos vive un desgobierno total, con índices de inseguridad que han colocado a la entidad en los primeros lugares en la comisión de homicidios y feminicidios, así como en la violencia común. Las constantes balaceras en las que se registran múltiples asesinatos, o últimamente, en la ejecución de varios activistas sociales en circunstancias poco claras, confirman la falta de una estrategia para el combate a los grupos criminales.

Mientras tanto, la nueva Legislatura local que inició trabajos el pasado 1º de septiembre, ha dejado en claro que no está dispuesta a conceder prerrogativas extraordinarias al mandatario. Por ejemplo, ha comenzado a tomar medidas para devolver a los municipios recursos que les fueron disminuidos desde el gobierno de Graco Ramírez y que se mantuvieron así estos tres años. Sin esos recursos, el gobierno de Blanco Bravo no podrá mantener el esquema de Mando Coordinado de Policía, en el que basa su estrategia de seguridad pública, hasta ahora fallida.

Además, hay una amenaza desde el legislativo de que se reducirán los recursos que se han destinado a secretarías y oficinas que ocupan los incondicionales de Blanco, como es el propio José Manuel Sanz, cuya oficina ha manejado recursos millonarios los tres primeros años de gobierno. En tanto, las obras más importantes de infraestructura que ha impulsado su gobierno son inexistentes a pesar de que ha sido el gobierno que más recursos ha tenido a su disposición. Sólo en el primer año de su gobierno, 2019, presentó un presupuesto por 21 mil millones de pesos, pero terminó ejerciendo más de 31 mil, lo que le dejó manga ancha para el manejo de más de 10 mil millones de pesos, con lo que ningún otro gobierno había contado. Pero eso no se reflejó en obras, mejoras en la seguridad o impulso al empleo.

Graco, el fantasma

En tanto, el gobernador sigue el mismo esquema de gobiernos actuales y anteriores, ante todo señalamiento de ineficiencia, ineficacia o incumplimiento, lanza la responsabilidad al gobierno anterior. Graco Ramírez es el culpable de todos sus problemas, lo mismo porque le heredó a los fiscales general y anticorrupción que no han judicializado las denuncias presentadas contra el perredista y sus excolaboradores, o porque conspira desde las sobras en su contra.

De la última denuncia, el exfutbolista señaló que es una cortina de humo creada por Graco Ramírez, para “apagar” la noticia de que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara está en la mira de la FGR por diversos delitos, particularmente luego de que el martes 14 de septiembre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, confirmó que el funcionario no tiene fuero por lo que puede ser sometido a proceso penal por parte de la federación.

Hace unos días, dijo que el fiscal de Morelos es ineficiente. “¿Qué caso de homicidio ha resuelto? Ninguno. Yo no sé qué investigación tenga la FGR en su contra, no es mi responsabilidad, lo que tiene que hacer es defenderse, pero entonces, sale esta nota de la denuncia en mi contra y de mi familia, es un refrito, me lo quieren revivir, yo estoy limpio y firme en el cargo. Estoy tranquilo no debo nada”, dijo el mandatario entre denuncias de desvíos millonarios y rumores cada día más presentes de que ya se va. 

El jueves 16, luego de la ceremonia por el 211 aniversario de la Independencia, Blanco declaró a la prensa: “Si quieren guerra, guerra van a tener”. Y añadió: “Les digo a los políticos que no les tengo miedo. Estoy y voy de frente”.

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Redacción Debate Chiapas

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