El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, denunció que durante el sexenio anterior Chiapas fue utilizado como moneda de cambio político, permitiendo que la delincuencia se apoderara del estado y generara un clima de inseguridad sin precedentes.
Zuarth Esquinca señaló que, bajo la administración encabezada por el entonces gobernador Rutilio Escandón Cadenas —cuñado de Adán Augusto López Hernández—, se produjo un vacío legal que facilitó la operación de organizaciones criminales en amplias zonas de la entidad. Durante este periodo se incrementaron los enfrentamientos armados, los levantones, secuestros, robos de vehículos y el cobro generalizado de derecho de piso, lo que deterioró gravemente la paz social y afectó el desarrollo económico de comunidades enteras.
El dirigente priista advirtió que estas condiciones no fueron producto del abandono fortuito, sino de una red de complicidades que, de acuerdo con investigaciones y señalamientos a nivel nacional e internacional, vinculan a Adán Augusto López Hernández con estructuras criminales como “La Barredora” y con personajes como Hernán Bermúdez Requena, cuya trayectoria está marcada por acusaciones de corrupción y actividades ilícitas.
Recordó que estos actores fueron señalados de proteger intereses criminales y de participar en operaciones relacionadas con el huachicol, la extorsión y el tráfico de combustibles, en coordinación con figuras del ámbito federal. Estas conexiones, sostuvo, alcanzaron a Chiapas a través de vínculos familiares y políticos, contribuyendo al debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia en el estado.
“El sexenio anterior no sólo dejó un estado desprotegido, sino que convirtió a Chiapas en un territorio de intercambio político y de beneficio para redes criminales. No se trató de omisiones aisladas, sino de un patrón de complicidad que entregó la seguridad y la vida de miles de chiapanecos a cambio de intereses personales y económicos”, declaró Zuarth Esquinca.
Finalmente, reiteró que el PRI no guardará silencio ante estos hechos y que seguirá exigiendo investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares para quienes, desde el poder, facilitaron la expansión de la delincuencia en la entidad. Hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y sociales para revertir el daño causado y garantizar un futuro de paz y legalidad para Chiapas
